Salud mental bajo presión: el sistema público se ensancha, pero la demanda lo desborda

La mañana arrancó fresca y con esa luz gris que se mete por las ventanas del barrio y no termina de irse nunca, de esas que a uno le dan ganas de prenderse un mate y quedarse pensando un rato largo antes de salir a la calle. Y la verdad es que la lectura del informe sobre salud mental que se presentó esta semana en el Senado me dejó pensando bastante más de lo que esperaba, porque los números cuentan una historia que acá abajo, en el conurbano y en las ciudades del interior, se vive todos los días: la gente pide turno, consulta, se interna, y el sistema público hace lo que puede, pero le queda corto.

El trabajo fue coordinado por la Universidad Nacional de Lanús y reúne datos de las máximas autoridades sanitarias de 14 provincias: Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, además de Entre Ríos y Río Negro, que también participaron del encuentro. En conjunto, esas jurisdicciones representan más del 70% de la población del país, así que no estamos hablando de un muestreo menor, sino de la foto más completa que se haya difundido en mucho tiempo sobre cómo está funcionando la atención de la salud mental en la Argentina.

Los números que preocupan

• Las consultas ambulatorias crecieron 23% en el último año.
• Las internaciones subieron 42% entre 2023 y 2026, con un salto adicional de 12% solo en los últimos doce meses.
• En la provincia de Buenos Aires, el 30% de las consultas en guardias hospitalarias corresponde a problemas de salud mental.
• Se incorporaron al menos 388 nuevas camas de salud mental en hospitales generales entre 2021 y 2026.
• Trece de las 14 provincias ampliaron sus redes comunitarias con centros de día, equipos territoriales, viviendas asistidas y dispositivos para consumos problemáticos.

Lo que más me llamó la atención al cruzar esos datos es que la demanda no deja de subir al mismo tiempo que el sistema se esfuerza por ampliarse. Entre 2021 y 2026 se sumaron 388 camas nuevas en hospitales generales y prácticamente todas las provincias reforzaron sus redes comunitarias, con centros de día, equipos que salen a los barrios, viviendas asistidas y dispositivos específicos para abordar los consumos problemáticos. Sin embargo, las propias autoridades provinciales que aportaron la información reconocieron que esas capacidades están "sobreexigidas" frente a una demanda que no cesa, y que les cuesta completar los equipos con disciplinas críticas, es decir, conseguir los profesionales que se necesitan para que esos dispositivos funcionen de verdad.

A mí me pasó, charlando con Marta, que vive en Lanús Oeste y trabaja en un centro de salud comunitario, que me contó algo que repite sin pensarlo mucho: "Viene cada vez más gente, y muchos son pibes que se quedaron sin obra social porque el padre se quedó sin trabajo en la fábrica y tuvo que pasarse al hospital público". Esa frase, que parece de conversación de vereda, aparece textualmente en el informe, porque el relevamiento detecta con claridad dos fenómenos que se alimentan entre sí: por un lado, mayor demanda de atención en niñas, niños y adolescentes, y por el otro, un traslado creciente desde las obras sociales y las prepagas hacia el sistema público de personas que perdieron su cobertura.

Cuando una provincia tan grande como Buenos Aires te dice que prácticamente una de cada tres consultas en la guardia ya es por un problema de salud mental, uno entiende que dejó de ser un tema sectorial para convertirse en una cuestión de política pública de primer orden. Y eso se conecta con el otro eje central de la noticia, que es el debate que se está dando en el Congreso por una reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, vigente desde 2010. El informe fue presentado en el Senado justamente en ese marco, y las autoridades provinciales plantearon que la propuesta en discusión "elimina marcos y garantías sobre los que se sustenta la política de salud mental, sin incorporar el financiamiento necesario para ampliar la capacidad de respuesta de los sistemas públicos".

Qué reclamaron las provincias

• Aumentar la inversión en salud mental.
• Ampliar la infraestructura y los recursos humanos.
• Garantizar el acceso a medicamentos.
• Producir información epidemiológica nacional de calidad.
• Recuperar una coordinación efectiva entre Nación, provincias y municipios.

Esos cinco puntos, que están volcados en el documento, resumen lo que las provincias piden para no seguir corriendo de atrás de la demanda. Lo de la información epidemiológica no es un detalle menor: hoy, según surge del relevamiento, cuesta tener cifras comparables entre jurisdicciones, y eso impide planificar con seriedad. Lo de los medicamentos tampoco es un dato menor, porque varias provincias reconocen fallas de acceso que terminan empujando internaciones que, con un tratamiento ambulatorio bien sostenido, podrían evitarse.

A mí lo que me queda dando vueltas, después de leer varias veces el informe y de escucharlo comentado entre colegas que cubren el área, es que estamos frente a un problema que ya dejó de ser silencioso. La suba del 42% en las internaciones entre 2023 y 2026 no es una curva estadística más: es gente concreta que termina ocupando una cama en un hospital general, muchas veces por períodos prolongados, en un sistema que incorporó camas nuevas pero que todavía no logra completar los equipos. Como me dijo Marta mientras cebaba el mate y miraba la vereda todavía húmeda por la lluvia de la madrugada, "mientras no se invierta en serio y se forme gente, vamos a seguir abriendo camas y cerrando los ojos".