Billeteras y bancos bajo la lupa del Banco Central: la nueva frontera contra el fraude electrónico

Arrancamos la mañana con ese cielo gris que se empieza a abrir después de la llovizna, y mientras uno se acomoda el café y revisa las transferencias del día en el celular, vale la pena detenerse un segundo a pensar qué pasa detrás de cada operación. Porque ahora hay un sistema nuevo mirando por encima del hombro, y la verdad es que cambia bastante las reglas del juego para todos los que movemos plata desde el teléfono. La novedad es que el Banco Central empezó a repartir información pública entre bancos, fintech y proveedores de billeteras virtuales para que cada empresa arme un perfil de riesgo de sus usuarios. Lo hace sin costo y ya está activo desde septiembre, así que cuando uno manda dinero a un conocido o paga el súper con el celular, hay un ojo extra chequeando patrones que antes quedaban tapados.

Una capa que se suma a lo que ya había

La aclaración importante la hace enseguida cualquiera que entienda del tema, como me lo planteó Rubén, que trabaja en administración de empresas y vive en Caballito: esto no viene a reemplazar los modelos antifraude que cada plataforma ya tiene funcionando, sino a complementar. La idea es sencilla y al mismo tiempo bastante profunda: si uno mira lo que hace una cuenta solo adentro de una billetera, todo puede parecer normalcito, pero cuando se cruza esa información con datos externos, ciertos movimientos empiezan a gritar otra cosa. Por eso las entidades pueden usar esos perfiles en tres momentos clave, que vale la pena conocer porque nos tocan como usuarios: cuando incorporan un cliente nuevo, durante el monitoreo del día a día de las transacciones, y en las revisiones periódicas que las reglas denominan KYC, que son los controles de conocimiento del cliente.

El ojo más afinado de la regulación apunta, sobre todo, a detectar cuentas que canalizan plata hacia circuitos de apuestas clandestinas, un negocio que viene creciendo fuerte y mueve cifras enormes en el país. Pero el esquema también cubre otras formas de fraude electrónico, de modo que no se trata de una pelea contra una sola modalidad, sino contra todo un ecosistema de maniobras que usan la velocidad de las transferencias para hacerse humo con la plata.

Los números que muestran por qué importa

Para dimensionar de qué hablamos cuando decimos transferencias inmediatas, hay una cifra que a mí, particularmente, me dejó pensando: solo en julio se hicieron 777 millones de operaciones de este tipo por un total de 99,5 billones de pesos, con un crecimiento del 22,2% respecto al mismo mes del año anterior. Y hay otro dato que pinta de cuerpo entero cómo viene funcionando el sistema: tres de cada cuatro operaciones usaron una Clave Virtual Uniforme, lo que deja a las claras el peso enorme que tienen las fintech y las billeteras dentro del esquema. Estamos hablando de un volumen monstruoso moviéndose a velocidad de clic, y por eso cualquier herramienta que ayude a separar la paja del trigo se vuelve imprescindible.

Qué cambia para bancos y billeteras

La normativa publicada el primero de septiembre en el Boletín Oficial trae obligaciones concretas para los bancos y un calendario más extendido para las billeteras. Los bancos tienen que incorporar el fraude, tanto interno como externo, dentro de la gestión de riesgo operacional, lo que en la práctica significa armar políticas antifraude con todas las letras, fijar niveles de tolerancia claros y nombrar a alguien responsable de esa función. Además, deberán reportar al directorio cómo viene la gestión del fraude al menos una vez por trimestre, así el tema deja de ser un problema del área técnica y pasa a sentarse en la mesa de las decisiones grandes.

Para las billeteras y demás proveedores de cuentas de pago el camino es más gradual, y eso tiene su lógica: son muchos jugadores, muchos sistemas y mucho código por readecuar. Entre septiembre y diciembre de este año deberán definir las estructuras y políticas; durante todo el 2027 avanzarán en la documentación y los procesos, hasta completar la adecuación en septiembre de 2027. Es un plazo que parece largo visto desde acá abajo, donde uno mira el teléfono y transfiere el alquiler, pero que en el mundo de los sistemas y las regulaciones es casi un suspiro. Por eso, mientras las empresas acomodan sus engranajes, lo que queda claro es que la pelea contra el fraude electrónico dejó de ser un tema de cada app por separado y pasó a convertirse en una política de Estado que, de a poco, va a cambiar cómo nos cuidan la plata.