Procesan al exagente de la SIDE Raúl Martins por lavado y le traban un embargo por 300 millones de pesos

La jueza federal María Servini procesó con prisión preventiva al exagente de la SIDE Raúl Martins, de 77 años, como presunto autor del delito de lavado de activos, y le trabó un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos. La resolución se conoció después de su extradición desde México, donde permanecía detenido desde 2019.

El expediente reconstruye la intervención de Martins en operaciones tendientes a incorporar al circuito económico formal dinero que, según la investigación, provenía de la explotación sexual de mujeres. La magistrada encuadró los hechos en la figura de lavado de activos y ordenó, además del embargo millonario, que el detenido permanezca bajo prisión preventiva.

El descargo de la defensa

Durante la indagatoria, Martins se negó a responder preguntas y presentó un escrito en el que solicitó el sobreseimiento o, en subsidio, la falta de mérito. Sostuvo que las 26 operaciones que se le atribuyen –vinculadas con la adquisición de propiedades y la administración de sociedades– correspondían a los períodos 2009, 2010, 2011 y 2012.

Según su planteo, esas maniobras eran anteriores al período que la propia Justicia consideró firme para el delito de explotación sexual, comprendido entre enero de 2013 y octubre de 2014. Además, afirmó que la condena previa se limitaba al local de la avenida Juan B. Justo 5302, en el barrio porteño de Villa General Mitre, y que las acusaciones sobre otros nueve establecimientos habían sido archivadas por inexistencia del delito de trata de personas.

Los argumentos de Servini

En su resolución, Servini sostuvo que existían elementos suficientes para dictar el procesamiento y explicó que una sociedad creada antes del hecho investigado puede ser utilizada después para administrar u ocultar bienes de origen ilícito. A partir de ese razonamiento, concluyó que la fecha de constitución de las empresas no alcanzaba para descartar las maniobras bajo sospecha.

• Evaluó de manera conjunta la actuación de sociedades argentinas y extranjeras.
• Analizó los poderes de administración y la intervención de familiares del investigado.
• Entendió que Martins habría conservado el control efectivo de la estructura aunque no figurara como beneficiario final.

Origen de la causa y próxima instancia

La causa se inició el 6 de marzo de 2013, tras una comunicación anónima al Ministerio de Seguridad que alertaba sobre una posible explotación sexual de menores en el local de Villa General Mitre. La investigación derivó luego en la causa penal que terminó con la condena por explotación sexual y, en paralelo, en este expediente por lavado de activos.

La defensa de Martins ya adelantó que cuestionará la resolución. La próxima instancia será la apelación ante la Cámara Federal de Apelaciones, que deberá confirmar, modificar o revocar el procesamiento con prisión preventiva dispuesto por Servini.