El Gobierno extendió hasta 2027 el régimen que permite a los trabajadores rurales compatibilizar empleo registrado y planes sociales

Para miles de familias del interior productivo argentino, cada temporada de cosecha plantea una disyuntiva conocida: aceptar un empleo registrado y arriesgar los planes sociales que sostienen el hogar el resto del año, o rechazar la oferta formal para no perder esa red de contención. El Decreto 1204/2026, publicado esta semana en el Boletín Oficial, prorroga hasta el 1 de septiembre de 2027 el régimen que desde 2021 permite que ambas situaciones coexistan sin que el trabajador quede automáticamente fuera del sistema de protección social. La medida alcanza a alrededor de 50.000 trabajadores rurales temporarios y estacionales, y cubre también a unos 83.000 hijos de aportantes, según las estimaciones que acompañan a la normativa.

En comparación con el mismo período del año anterior, cuando el régimen vencía en septiembre de 2026, la novedad radica en que se suma un año completo de previsibilidad para Empleadores (productores y empresas agropecuarias) y para los propios trabajadores, en un segmento donde la informalidad (trabajo no registrado, sin aportes ni beneficios) sigue siendo estructural. La prórroga fue una de las demandas que la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE, el gremio que representa a los peones rurales y estibadores del país) había planteado de manera pública en las semanas previas, al advertir que la falta de renovación ponía en riesgo cerca de 120.000 puestos de trabajo en todo el país.

A quiénes alcanza la medida

El decreto aplica a quienes se desempeñan bajo tres figuras bien definidas por la legislación laboral del sector: el personal temporario (contratado por un período determinado, ligado al ciclo de una actividad), el personal permanente discontinuo (que tiene relación laboral permanente pero con interrupciones, por ejemplo zafreros o cosecheros) y los trabajadores eventuales (vinculados mediante contratos de plazo breve). También alcanza a quienes están comprendidos en Convenios de Corresponsabilidad Gremial, una herramienta que permite que el gremio y la cámara empresaria compartan la responsabilidad sobre los aportes y contribuciones del personal.

• Asignaciones familiares: pagos mensuales que realiza ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) por hijo, cónyuge o hijo con discapacidad a cargo.
• Tarjeta Alimentar: tarjeta de débito con crédito mensual destinada a la compra de alimentos, entregada a titulares de AUH (Asignación Universal por Hijo), embarazadas y titulares de pensiones.
• Programa Volver al Trabajo: reemplazo del ex programa Potenciar Trabajo, orientado a la inserción laboral y capacitación de personas en situación de vulnerabilidad.

Uno de los puntos con mayor impacto sobre el ingreso familiar es que las prestaciones correspondientes a estos contratos no pueden ser inferiores al cien por ciento del valor de la Asignación Universal por Hijo (AUH, la prestación no retributiva que ANSES paga por cada hijo menor de 18 años a familias en situación de vulnerabilidad o desocupadas). De ese modo, el decreto fija un piso mínimo de ingresos para los hogares con hijos, sin importar la duración de la temporada ni el nivel de salario formal que perciba el trabajador durante la campaña.

El régimen contempla además una segunda etapa. Cuando un trabajador bajo estas modalidades encadena un período continuo de más de seis meses de contratación, determinados beneficios monetarios de programas sociales —con excepción de la Tarjeta Alimentar— pasan a computarse como parte integrante del salario. Se trata de una cláusula de transición pensada para acompañar el pasaje hacia un empleo formal pleno, sin que el ingreso neto del hogar sufra un recorte brusco al abandonar el padrón de los planes. Para los Empleadores, en tanto, la normativa prevé una reducción de las contribuciones patronales (los aportes obligatorios que la parte Empleadora paga sobre el salario, como contribuciones a jubilación, obra social y aportes patronales) para los contratos celebrados bajo estas modalidades, un incentivo orientado a promover la registración laboral en el sector agropecuario.

“La experiencia de los últimos años demostró que este mecanismo es fundamental para dar previsibilidad a las economías regionales y a las familias que viven de la cosecha.”UATRE

De cara al cierre del primer semestre de 2026, los analistas del mercado laboral rural coinciden en que el régimen se transformó en una pieza estructural del funcionamiento de las economías de cosecha: provincias como Mendoza, San Juan, Río Negro, Tucumán y el cinturón hortícola bonaerense concentran buena parte del empleo temporario que se activa entre los meses de octubre y abril. La extensión hasta 2027, en este marco, no sólo preserva los aproximadamente 50.000 puestos alcanzados de manera directa, sino que también sostiene los cerca de 120.000 empleos que el gremio consideraba en riesgo por la incertidumbre sobre la continuidad del mecanismo y que ahora cuentan con un horizonte cierto de aplicación.